27 DE FEBRERO DÍA DE LA INDEPENDENCIA DOMINICANA.

En 1844 los dominicanos expulsaron a los haitianos que  ocuparon su país durante 22 años luego de que en 1821 se lograra un acuerdo amistoso de independencia con la Corona Española.

En busca de su propio destino y un futuro mejor, la colonia española en Santo Domingo se separó de España en forma no bélica mediante transacciones pacíficas.

Sin embargo, el ansia de libertad e independencia de los habitantes de la parte española de la isla de Santo Domingo se vio cercenado con la inesperada invasión de nuestro país por el ejército de la vecina nación haitiana.

Durante 22 años ocuparon los haitianos territorio dominicano e intentaron eliminar el idioma y las costumbres. Obligaron a publicar los documentos oficiales en francés y otras medidas que atentaban contra la esencia misma de las tradiciones y cultura de lo que vendría a ser más tarde el pueblo dominicano.

La segunda mitad de febrero presenta en República Dominicana a una intensa agenda de actividades dedicadas a las fiestas patrias en celebración de la Independencia Nacional lograda el día 27 de febrero y en conmemoración de la lucha patriótica de los héroes de la Independencia Nacional.

Aunque Duarte no estaba, los trinitarios no cejaban en sus acciones y en la causa de la libertad del país. Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y Vicente Celestino Duarte dirigían a los trinitarios, casi sin recursos, hacían circular las ideas en hojas manuscritas, para organizarse y sumar adherentes a las ideas separatistas.

El 16 de enero de 1844, fue redactada por don Tomás Bobadilla, la Manifestación de los pueblos de la parte este de la isla, denominada antes Española o de Santo Domingo, en la que se enunciaban las causas de su separación de la República haitiana. Esta Manifestación sería la ley que regiría la república proclamada,  hasta que se promulgara su constitución.

Esa noche del 27 de febrero de 1844 iban congregándose poco a poco, pequeños grupos de patriotas que provenían de las distintas zonas de la ciudad.

El comienzo de la acción separatista fue indicado por un trabucazo disparado por Matías Ramón Mella en la puerta de la Misericordia, y que fue oído por todos los habitantes de la ciudad.

Aunque Juan Pablo Duarte, el padre de la Patria, se hallaba ausente, la noche del martes 27 de febrero de 1844, en la puerta del Conde de la ciudad de Santo Domingo, la República Dominicana era proclamada por Tomás Bobadilla, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Manuel Jiménez, Vicente Celestino Duarte, José Joaquín Puello, Gabino Pueblo, Eusebio Puello, Eduardo Abreu, Juan Alejandro Acosta, Remigio del Castillo, Jacinto de la Concha, Tomás de la Concha, Cayetano Rodríguez, Félix María del Monte y otros patriotas, quienes expresarían a alas autoridades haitianas su "indestructible resolución de ser libres e independientes, a costa de nuestras vidas y nuestros intereses, sin que ninguna amenaza sea capaz de retractar nuestra voluntad".

Ese  27 de febrero de 1844, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, cuando llegada la noche se dirigían hacia la Puerta del Conde, en el baluarte de San Genaro, izan la bandera dominicana. Ondea en la ciudad de Santo Domingo la bandera bordada por Concepción Bona y su prima María de Jesús Piña, junto con otras damas. La Bandera había surgido de un proyecto presentado por Juan Pablo Duarte y aprobado, el 16 de julio de 1838 en La trinitaria, donde se presentaban los colores y la forma de la enseña que representaría al nuevo estado, que se denominaría República Dominicana.
La cruz blanca la cruz es el símbolo de la lucha de los libertadores para legarnos una patria libre.

Los patriotas habían planeado que en la noche del 27 de febrero tomar posesión de todos los fuertes emplazados en la muralla y del puerto. Para llevar a cabo estas acciones, contaban con la cooperación de varios militares que apoyaban la causa y que estaban dispuestos a entregar sus posiciones y ayudar a tomar la Fortaleza.

Ante el apoyo popular y de diversos grupos que unían sus fuerzas por la libertad, los haitianos se consideraron incapaces de combatir un alzamiento de tal magnitud, y el 28 de febrero se obtuvo la capitulación de la guarnición haitiana.

Manifiesto de los habitantes de la parte del Este de la isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República haitiana:

La defensa y el respeto debidos a la opinión de todos los hombres y a la de las naciones civilizadas imponen a un país unido a otro y deseoso de retomar y reivindicar sus derechos rompiendo sus lazos políticos, que declare con franqueza y buena fe los motivos que lo inducen a dar ese paso, a fin de que no se piense que lo ha impulsado un espíritu de curiosidad y de ambición. Creemos haber demostrado con nuestra heroica constancia que deben soportarse los males de un gobierno mientras nos parezcan soportables, siendo mejor eso que hacer justicia o sustraernos a los mismos. Pero cuando una larga serie de injusticias, de violencias y de vejámenes acaba por probar la intención de reducirlo todo a la desesperación y a la más absoluta tiranía, es entonces un sagrado derecho para los pueblos y aun un deber, sacudir el yugo de semejante gobierno y proveer nuevas garantías que les aseguren su estabilidad y su prosperidad futura.

Por el hecho de que los hombres no se han reunido en sociedad sino con el objeto de trabajar en su conservación, que han recibido de la Naturaleza el derecho de proponer los medios y de buscarlos a fin de obtener ese resultado, por esa misma razón, semejantes principios los autorizan a ponerse en guardia, a precaverse de todo lo que puede privarlos de tal derecho, cuando la sociedad se halla amenazada.

Esa es la razón por la cual los habitantes de la parte del Este de la isla, antes Española o de Santo Domingo, valiéndose de sus derechos, impulsados como lo fueron por veintidós años de opresión y oyendo de todas partes las lamentaciones de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República haitiana y de constituir un Estado libre y soberano.

Hace veintidós años que el pueblo dominicano, por una fatalidad de la suerte, sufre la más infame opresión: ya sea que ese estado de degradación haya dependido de su verdadero interés, ya sea que se haya dejado arrastrar por el torrente de las pasiones individuales, el hecho es que se le ha impuesto un yugo más pesado y más degradante que el de la antigua metrópoli,

Hace veintidós años que el pueblo, privado de todos sus derechos, se ha visto violentamente despojado de todos los beneficios en los cuales hubiera debido participar si se lo hubiese considerado parte integrante de la República. Y poco faltó para que se le quitara hasta el deseo de sustraerse a tan humillante esclavitud... Cuando en febrero de 1822, la parte oriental de la isla, cediendo tan sólo a la fuerza de las circunstancias, aceptó recibir el ejército del general Boyer que, como amigo, fue más allá de los límites de una y otra parte, los españoles dominicanos no pudieron creer que, con tan disimulada perfidia, hubiera podido faltar a las promesas que le sirvieron de pretexto para ocupar el país y sin las cuales hubiese debido vencer muchas dificultades y hasta caminar sobre nuestros cadáveres, si lo suerte lo hubiese favorecido.

No hubo un solo dominicano que no le recibiera entonces sin demostraciones de simpatía. Por doquier donde pasaba, el pueblo salía a su encuentro; creía encontrar en el hombre que acababa de recibir en el Norte el título de pacificador, la protección que le había sido prometida de una manera tan hipócrita; pero muy pronto, mirando a través del velo que escondía sus perniciosas intenciones, se descubrió que se había entregado el país a su opresor, ¡a un tirano feroz!...

Con él entró en Santo Domingo la maraña de todos los vicios y de todos los desórdenes, la perfidia, la delación, la división, la calumnia, la violencia, la usurpación y los odios personales, desconocidos hasta entonces en el alma de ese pueblo bondadoso...

Sus decretos y sus disposiciones fueron los principios de la discordia y la señal de la destrucción. Por medio de su sistema maquiavélico y que todo lo desorganizaba, obligó a las familias más respetables a emigrar,  y con ellas desaparecieron de la tierra los talentos, las riquezas, el comercio y la agricultura. Alejó de su consejo y de los principales empleos a los hombres que hubieran podido defender los derechos de sus conciudadanos, proponer un remedio a sus males y hacer conocer las verdaderas necesidades del país. Menospreciando todos los principios del derecho público y de gentes, redujo a muchas familias a la miseria y a la indigencia, quitándoles sus propiedades para reunirlas al dominio de la República, darlas a individuos de la parte occidental o venderlas a vil precio a los mismos. Desoló la campiña y destruyó la agricultura y el comercio. Despojó las iglesias de sus riquezas, maltrató y humilló a los ministros de la religión, los privó de sus rentas y de sus derechos y, con su negligencia, dejó que cayeran en ruinas los edificios públicos para que sus lugartenientes se aprovecharan de los destrozos y pudiesen de tal suerte satisfacer la avaricia que traían consigo desde el occidente.

Más tarde, con el objeto de dar a esas injusticias las apariencias de la legalidad, emitió una ley para que se incorporaran al dominio del Estado los bienes de los ausentes, cuyos hermanos y parientes se hallan hasta hoy en la más horrible miseria. Tales medidas no satisfacían su avaricia. Puso también su mano sacrílega en las propiedades de los hijos del Este y autorizó con la ley del 8 de julio de 1824 el latrocinio y el fraude. Prohibió la comunidad de las tierras comunales que, en virtud de convenciones y para la utilidad y las necesidades familiares había subsistido desde el descubrimiento de la isla, y eso con el único fin de que el Estado sacara provecho. Con esa medida, acabó por arruinar las hattes y empobrecer a muchos padres de familia; pero a él poco lo importaba arruinarlo y destruirlo todo...

Tal era la finalidad de su insaciable avaricia.

Dotado de gran imaginación para llevar a cabo la obra de nuestra ruina y reducirlo todo a la nada, imaginó un sistema monetario que redujo insensible y gradualmente a las familias, los empleados, los comerciantes y la mayoría de los habitantes a la más negra miseria. Es con tal criterio y la influencia de su política infernal que el gobierno haitiano propagó sus principios corruptores. Desencadenó pasiones, suscitó espíritu partidario, forjó planes destructores, estableció el espionaje e introdujo la cizaña y la discordia aun en los hogares domésticos... Si un español se atrevía a hablar contra la opresión y la tiranía, era denunciado como sospechoso, se lo encerraba en un calabozo y muchos padecían aun el suplicio para espantar a los demás y hacer morir, conjuntamente con ellos, los sentimientos heredados de nuestros padres. Atormentada y perseguida, la patria no halló otro refugio contra la tiranía que en la intimidad de una juventud afligida y en algunas almas nobles y puras que supieron concentrar sus principios sagrados para relegar la propaganda a tiempos más favorables y devolver la energía a quienes estaban abatidos y estupefactos.

Los veintiún años de la administración corruptora de Boyer se deslizaron de tal suerte y, durante los mismos, los habitantes de la parte oriental experimentaron toda clase de privaciones, verdaderamente innumerables. Trató a esos habitantes con más rigor que a un pueblo conquistado por la fuerza. Los persiguió y les sacó lo que podía satisfacer su avaricia y la de los suyos. En nombre de la libertad, los redujo al estado de servidumbre. Los obligó a pagar una deuda que no habían contraído, exactamente como los habitantes de la parte occidental que se aprovecharon de los bienes extranjeros, mientras nos deben, por lo contrario, las riquezas que nos han usurpado o destinado al fin que más les convenía.

Tal es el triste cuadro del estado de esa parte de la isla cuando el 27 de enero del año pasado, Les Cayes lanzaron en el Sur el grito de reforma. Los pueblos se sintieron en el acto como devorados por un fuego eléctrico. Adhirieron a los principios de un Manifiesto del 1 de septiembre de 1842 y la parte oriental se jactó, pero en vano de que su porvenir sería más dichoso, a tal punto se hallaban de buena fe.

El comandante Riviére fue nombrado jefe de ejecución e intérprete de la voluntad del pueblo soberano. Dictó leyes según su capricho. Estableció un gobierno sin forma legal y donde no estaba incluído habitante alguno de esta parte que ya se hubiera pronunciado a favor de la revolución. Recorrió la isla y, en el departamento de Santiago, sin motivo legal recordó con pena la triste época de Toussaint Louverture y de Dessalines; llevaba consigo un monstruoso estado mayor que por doquier introducía la desmoralización. Vendió los puestos, despojó las iglesias, destruyó las elecciones hechas por los habitantes para tener representantes que defendieran sus derechos, y eso para dejar permanentemente esa parte de la isla en la miseria y en el mismo estado y para conseguir partidarios que lo elevaran a la presidencia, aunque sin mandato especial de sus comitentes. Así fue. Amenazó la Asamblea constituyente y a raíz de extrañas comunicaciones hechas por él al ejército bajo sus órdenes, resultó presidente de la República.

So pretexto de que en esa parte de la isla se pensaba en una separación del territorio a favor de Colombia, llenó los calabozos de Puerto Príncipe con los más ardientes ciudadanos de Santo Domingo, en cuyo corazón reinaba el amor a la patria y que tan sólo aspiraban a una suerte más dichosa, la igualdad de derechos y el respeto de las personas y de las propiedades. Padres de familia se expatriaron de nuevo para librarse de las persecuciones que se les infligía. Y cuando creyó que sus designios se habían realizado y que tenía asegurado el objeto que codiciaba, puso en libertad a los detenidos sin darles ni la menor satisfacción por los insultos y los perjuicios que habían sufrido.

Nuestra condición no ha cambiado ni en lo mínimo. Las mismas vejaciones y los mismos impuestos subsisten y han aumentado aún. El mismo sistema monetario sin garantía alguna prepara la ruina de los pueblos, y una Constitución mezquina que nunca hará honor al país, todo eso ha puesto por doquier el sello de la ignominia privándonos, con una verdadera burla del derecho natural, de la única cosa española que nos quedaba: el idioma natal y ha puesto de lado nuestra venerable religión para que desaparezca de nuestros hogares. Y, en efecto, si esa religión del Estado, cuando era protegida, fue despreciada y vilipendiada conjuntamente con sus ministros, ¿qué será ahora que se halla rodeada de sectarios y de enemigos?

La violación de nuestros derechos, costumbres y privilegios y muchísimas vejaciones nos han revelado nuestra esclavitud y nuestra decadencia y los principios jurídicos que rigen la vida de las naciones deciden la cuestión a favor de nuestra patria como la decidieron a favor de los Países Bajos contra Felipe II, en 1581.

En virtud de tales principios, ¿quién se atreverá a repudiar la resolución del pueblo de Les Cayes cuando se sublevó contra Boyer y lo declaró traidor de la patria?

¿Y quién se atreverá a repudiar nuestra propia resolución de declarar la parte oriental de la isla separada de la República de Haití?

No tenemos obligación alguna con respecto a quienes no nos dan los medios de cumplirla, ningún deber con aquellos que nos privan de nuestros derechos.

Si se consideraba la parte oriental incorporada voluntariamente a la República haitiana, debía gozar de los mismos beneficios y de los mismos derechos de que gozan aquellos con quienes se había aliado, y si en virtud de esa unión estábamos obligados a defender nuestra integridad, ella, por su parte, debía procurarnos los medios de hacerlo; pero faltó a eso violando nuestros derechos, y, por consiguiente, estamos libres de nuestra obligación. Si se consideraba esa parte oriental sometida a la República, con más razón debía gozar sin restricciones de todos los derechos y prerrogativas sobre los cuales había un convenio y que le fueron prometidos y, si no se realiza la única y necesaria condición de su sometimiento, queda libre y enteramente desligada, y sus deberes, en lo que a ella se refiere, le imponen que provea por otros medios a su propia conservación.

Si consideramos esa Constitución con respecto a la de Haití de 1816, veremos que, además del caso singular de una Constitución dada a un país extranjero que no la necesitaba y no había nombrado a sus diputados para discutirla, hay también una escandalosa usurpación, pues en aquella época los haitianos no tenían aún la posesión de esa parte, exactamente como ocurrió con los franceses cuando fueron expulsados de la parte francesa: como no eran los propietarios, no podían abandonarla a los haitianos. Por el tratado de Basilea, esa parte fue cedida a Francia y devuelta a España en ocasión de la paz de París, gracias a la cual fue sancionada la posesión que los españoles hicieron efectiva en 1809 y que continuó hasta 1821, época en que dicha parte se separó de la metrópoli.